NUEVA YORK - Los puertorriqueños acuden a las urnas el 6 de noviembre para pronunciarse en una consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla caribeña, en busca así de solución a más de un siglo como colonia estadounidense.

La población del antiguo territorio español, bajo soberanía estadounidense desde la guerra hispanoamericana de 1898, podrá expresarse sobre sus aspiraciones en una consulta ignorada por el Congreso en Washington, al que se supedita la constitución local.

El gobernador Luis Fortuño, un político obsesionado con anexionar la isla a Estados Unidos, ha impulsado el referendo haciéndolo coincidir con las elecciones a jefe del Ejecutivo, maniobra que según analistas locales cree que le favorecerá electoralmente.

Fortuño, líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), sabe que la consulta carece de valor jurídico pero ha repetido hasta la saciedad durante sus cuatro años de mandato que romper el estatus colonial es el único futuro para una isla definida como Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

La Constitución puertorriqueña, aprobada por el Congreso de Washington y en vigor desde el 28 de julio de 1952, se supedita a esa cámara, lo que implica además que las decisiones del Tribunal Supremo local puedan ser recurridas ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El gobernador, miembro del Partido Republicano y con contactos en Washington tras su paso por la capital estadounidense como representante puertorriqueño ante el Congreso, ha sido respaldado para llevar adelante la consulta por el minoritario Partido Independentista Puertorriqueño.

El Ejecutivo no contó con el apoyo del otro gran partido nacional, el Popular Democrático (PPD), cuyo fundador, Luis Muñoz Marín, fue precursor del Estado Libre Asociado y líder de una corriente de opinión que apuesta por mantener el actual estatus como mejor opción posible.

El candidato a gobernador del PPD, Alejandro García Padilla, insiste en que el Estado Libre Asociado es la mejor opción de futuro para Puerto Rico y en que el verdadero problema de la isla no es la relación con EEUU sino el desempleo.

La consulta incluye una primera pregunta en la que se debe responder "sí" o "no" a mantener el presente estatus colonial, mientras que en una segunda pregunta las opciones son elegir entre anexión, independencia y Estado Libre Asociado Soberano, entendido como una unión voluntaria entre iguales.

No es la primera vez que se consulta sobre el asunto, ya que en los años 1967, 1993 y 1998 se preguntó a los puertorriqueños y en ninguna de esas ocasiones se impuso la opción de incorporarse al país norteamericano como el que sería estado número 51 de la unión.

En Puerto Rico, en contra del sentimiento en favor de la autodeterminación que existe en naciones diluidas en grandes estados de otras partes del mundo, una parte representativa de su población está a favor de unirse a la potencia colonial.

El reconocido antropólogo Jorge Duany define a Puerto Rico como la colonia consentida, un territorio en el que parte de su población cree que romper lazos con Estados Unidos traerá retroceso económico y aislamiento.

El salario mínimo de los puertorriqueños es con gran diferencia el más alto de toda Latinoamérica, aunque los habitantes de la isla sólo alcanzan la mitad de los ingresos del estado más pobre de Estados Unidos.

Fortuño conoce las reticencias en Washington, donde se considera a Puerto Rico una nación con cultura y lengua propia sin afinidades con la población de Estados Unidos.

El presidente de "U.S English" -organización que promueve el uso del inglés como lengua unificadora de Estados Unidos-, el chileno Mauro Mújica, calificó en una reciente visita a San Juan de absurda la idea de que Puerto Rico se anexione al país norteamericano y señaló al español como barrera infranqueable.

Fortuño ha respondido a las reticencias estadounidenses con una ofensiva para introducir el inglés como lengua principal del sistema educativo de Puerto Rico en sustitución del español.

La fórmula, adoptada con escaso éxito en las primeras décadas de dominio estadounidense, contó con el rechazo de las asociaciones de profesores e hizo recular al Gobierno parcialmente, aunque, de momento, la mitad de las asignaturas se impartirán en inglés en un programa piloto que se espera expandir a toda la isla en los próximos años.

La última encuesta sobre el estatus reflejó que el 51 % de los puertorriqueños es favorable a mantener el "estatus quo", frente a un 39 % que quiere ponerle fin.

Sobre la segunda pregunta, el 44 % de los puertorriqueños estaba a favor de la anexión, un 42 % quiere el Estado Libre Asociado Soberano y un 4 % la independencia.

Puerto Rico es hoy un territorio no incorporado a Estados Unidos y sus ciudadanos no pueden votar en las elecciones del país norteamericano, pero sí portan su pasaporte.