El gobernador republicano de Misisipi, Phil Bryant, anunció este miércoles que se unirá a una demanda judicial contra el gobierno de Barack Obama por su orden ejecutiva que impide la deportación de jóvenes inmigrantes y les concede autorizaciones temporales de trabajo.

El anuncio de Bryant provocó la crítica inmediata de la organización American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense de Libertades Civiles) en Misisipi.

La demanda fue presentada en agosto en un tribunal federal de Dallas en nombre de 10 empleados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Afirma que el plan de Acción Diferida para quienes llegaron a Estados Unidos cuando eran niños viola la ley federal y obliga al personal del ICE a violar la ley por no arrestar a ciertos inmigrantes ilegales.

"Los estados deben proteger sus fronteras mientras el gobierno federal continúa ignorando este creciente problema", destacó Bryant en un comunicado de prensa.

"Considero que esta acción tomada por el gobierno de Obama es inconstitucional y evade la autoridad del Congreso", destacó Bryant.

"El hecho sigue siendo que la inmigración ilegal es un asunto real con consecuencias reales, e ignorar la ley es irresponsable. Como gobernador, no puedo ignorar el problema de la inmigración ilegal y lo que le cuesta a Misisipi", agregó.

Nancy Kohsin-Kintigh, directora del programa de la ACLU de Misisipi, dijo en una conferencia de prensa que la orden ejecutiva del presidente Barack Obama "le ha dado a numerosas personas, muchas de las cuales vinieron a Estados Unidos como bebés de brazos, la oportunidad de buscar el sueño americano".

"Ahora, el gobernador Bryant trata de arrebatarles esa oportunidad" , dijo Kohsin-Kintigh. "Si el gobernador Bryant está realmente preocupado por el impacto económico de los inmigrantes indocumentados, ¿por qué va a negarles a esos jóvenes la oportunidad de obtener permisos de trabajo y convertirse en contribuyentes?" Bryant ha dicho durante años que desea intensificar el control de la inmigración porque considera que el gobierno ha hecho un mal trabajo.

Durante la legislatura de 2012, la cámara de representantes de Misisipi aprobó un proyecto de control de inmigración pero el presidente demócrata Hob Bryan eliminó el anteproyecto al no ponerlo en debate en la comisión jurídica del Senado. Bryan dijo que el anteproyecto trataba de controlar al mínimo la manera en que las autoridades deberían hacer su trabajo.